El próximo lunes tendrá que comparecer ante la Procuraduría General de la Nación, Jaime Pinzón Salazar quien siendo alcalde de Puerto Rico, habría incurrido en irregularidades en la celebración de dos contratos.
Redacción Judicial
El Líder
Por posibles irregularidades en la suscripción de dos órdenes de suministro para adquirir útiles escolares, la Procuraduría General de la Nación, adelantará audiencia pública contra Jaime Pinzón Salazar, ex alcalde del municipio de Puerto Rico. De acuerdo con el boletín número 613, a través del cual el Ministerio Público dio a conocer la información, el proceso verbal contra Pinzón Salazar se realizará el 25 de junio a las 10 de la mañana, en la sede de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá.
La diligencia a la que deberá comparecer el ex funcionario público, está relacionada con una investigación que se le adelanta a Pinzón Salazar por presuntas irregularidades que habría cometido siendo alcalde de Puerto Rico, al fraccionar un contrato para suscribir dos órdenes de suministro en la adquisición de elementos escolares.
Las posibles anomalías en las que habría incurrido Pinzón Salazar, tienen que ver con que éste suscribió dos órdenes de suministro que tenían el objeto de adquirir cuadernos para la población estudiantil del municipio, el mismo día bajo el esquema de contratación de mínima cuantía.
Sin embargo, el Ministerio Público halló que al sumarse los dos valores superaban el 10 por ciento de la menor cuantía, por lo que el entonces alcalde debió realizar el procedimiento de contratación directa de menor cuantía como lo estipulan las leyes de contratación estatal, en la elaboración de pliegos de condiciones simplificados mediante una convocatoria pública y abierta a los posibles oferentes.
No obstante, los hallazgos hechos por la Procuraduría General de la Nación, advierten que se habría dividido el objeto contractual para evadir el proceso de selección objetiva.
Así mismo, Pinzón Salazar habría suscrito las dos órdenes de suministro sin contar con los certificados de disponibilidad requeridos para amparar los compromisos presupuestales.
